La operación renta demostró, nuevamente, las dificultades de implementación de la reforma tributaria. La nueva norma del artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta (el “41G”), que obliga a tributar a los dueños por las utilidades de una sociedad controlada por ellos en el extranjero, ha generado múltiples dudas prácticas para su aplicación. Distintos profesionales estamos aplicando distintos criterios. Probablemente ocurra lo mismo en las instancias de fiscalización del SII.

El típico caso es el de un individuo residente en Chile (“Juan Manuel”) que tiene una cartera de inversión en un banco extranjero a través de una sociedad o trust extranjero (“BVI”). Normalmente, Juan Manuel habrá regularizado la BVI en el proceso de declaración voluntaria de bienes del año 2015 (el “Súper 8”).

Algunas de las situaciones que han generado dudas son:

1) ¿Se exige determinar las rentas de BVI con contabilidad completa?

La norma legal sólo dice que deben aplicarse las normas sobre determinación de la base imponible de primera categoría. La mayor parte de los profesionales con los que he conversado entienden que esto no implica hace una contabilidad completa de las sociedades. Bastaría una contabilidad simplificada de ingresos y gastos que permita la determinación de una base imponible aplicando las reglas del impuesto de primera categoría.

2) ¿Se pueden compensar pérdidas de inversiones directas de Juan Manuel, con las rentas que le son atribuidas en el mismo ejercicio por el artículo 41G?

No existe respuesta en el artículo 41G ni en las instrucciones del SII. Las normas generales son contradictorias. Sin embargo, la razonabilidad y la lógica indican que sí. El principal argumento es que ambas debieran considerarse rentas de la misma especie que, por haberse obtenido en el mismo ejercicio, pueden compensarse. Una conclusión contraria repugna con la propia definición de “renta”.

3) ¿Qué costo tributario debe utilizar BVI para determinar sus ganancias de capital?

Normalmente, Juan Manuel habría declarado las acciones de BVI en el Súper 8. Para establecer su valor de mercado, se habría basado en el valor de mercado de la cartera de inversiones de BVI, que era su único activo.

El Súper 8 permite reconocer como costo tributario de los activos declarados, su valor de mercado a la fecha de la declaración. En nuestro ejemplo, las acciones de BVI. La norma no contempla expresamente la posibilidad de transferir el mismo costo a los activos subyacentes (ie, la cartera de inversiones), salvo que se disuelva la BVI. Por lo tanto, respecto de cada operación de venta en la cartera, BVI debiera determinar su utilidad o pérdida mirando el costo histórico de cada instrumento, según las normas generales. Ciertos pronunciamientos del SII podrían leerse como ratificación de esta tesis. A mi juicio, no son suficientemente claros o específicos como para darles el carácter de interpretación oficial sobre este punto.

En todo caso, este rigor literal es contrario al espíritu y sentido de la norma del Súper 8. El Súper 8 se estableció como impuesto único y sustitutivo de cualquier otro impuesto. Por lo tanto, su interpretación debiera evitar crear instancias de doble tributación económica, o doble no-tributación. La doble tributación ocurre cuando el valor del activo al declarar al Súper 8 era mayor al costo de adquisición del activo; se tributaría dos veces por ese mayor valor. La doble no tributación ocurre en el caso contrario. El menor costo de adquisición implica que Juan Manuel, en el pasado, tuvo ingresos mayores que no formaron parte del Súper 8, y puede aprovechar la misma pérdida para disminuir su base imponible del 41G.

El Súper 8 fue un impuesto que atendió al fondo económico, ignorando las estructuras formales. Por ejemplo, los activos de un trust, jurídicamente de propiedad de un trustee, se atribuyeron a los beneficiarios o constituyente. También, las rentas obtenidas por sociedades en el extranjero se entendieron en incumplimiento, pese a que formalmente, si no habían sido retiradas, no necesariamente lo estaban.

Atendiendo consistentemente a la sustancia de las estructuras, el costo de adquisición de los activos en cartera debiera ser el valor que tenían al declarar el Súper 8. Esto, particularmente cuando dicha cartera fue la fuente directa de la base imponible del Súper 8, se acompañaron todos los antecedentes históricos y evolución de esa cartera para establecer su origen y trazabilidad. En tales casos, debiera entenderse que, en sustancia, la cartera de inversión constituye en sí misma un activo declarado en el Súper 8, sin perjuicio que por simplicidad, en el formulario sólo se hubiese enunciado su continente (ie, la BVI).

Estas y otras dudas técnicas no fueron aclaradas proactivamente por el SII ni identificadas con tiempo suficiente por los asesores para pedir su aclaración. Se presentaron en el curso de la preparación de la operación renta. Esto implica que para el AT 2017 existirán criterios legítimamente divergentes.

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5 Comentarios

  1. Ma Soledad Gonzalez

    Estimado Alex.

    Muy interesante su articulo respecto a las interrogantes que han surgido en el curso del año 2017 respecto a rentas pasivas provenientes de entidades en el exterior. En relación a esta misma materia, comentarle que en su articulo no trata el tema de reglas de exclusión del Art. 41G, en particular, aquella que se refiere a rentas pasivas menores a UF 2.400 obtenidas por una sociedad en el exterior, situación que aplica a varios contribuyentes. Por ejemplo, en las instrucciones de preparación de “Registro de Rentas Pasivas” y “Declaración Jurada 1929” solicitan completar información con la renta líquida imponible obtenida por la sociedad. Sin embargo, dichas instrucciones no hacen mención a los casos en que se obtienen rentas pasivas menores a UF 2.400.

    En este contexto, solicitarle si puede exponer su visión respecto de si es necesario preparar y presentar la renta líquida imponible en el Registro y la DDJJ1929 en el caso de contribuyentes que mantengan sociedades cuyas rentas pasivas sean menores a UF 2.400.

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    • Juan Cristóbal Ortega

      Estimada María Soledad,

      En efecto, esa regla tuvo mucha relevancia a la hora de definir si se reconocían las rentas en el extranjero o no.

      Una de las principales dudas de nuestros clientes al respecto fue si el límite se consideraba por entidad controlada o por persona residente en Chile. La respuesta es que se aplica por persona residente en Chile, de modo que si la suma de las rentabilidades de sus sociedades controladas superaba las UF 2.400, debía efectuarse el reconocimiento en Chile. Lo anterior aún cuando, computadas separadamente, estuvieren debajo de ese monto.

      Otra duda recurrente es si se aplica el límite a portafolios mantenidos directamente en cuentas en el exterior, sin que medie una sociedad. La respuesta es que no, por cuanto tales rentas tributan conforme a las reglas generales en Chile y no bajo las normas del 41G.

      En cuanto a tu pregunta, la obligación de llevar el Registro de Rentas Pasivas y presentar la Declaración Jurada 1929 opera con independencia de la aplicación del límite de las UF 2.400.

      Saludos,

      Juan Cristóbal Ortega

      Responder
      • Soledad Gonzalez

        Estimado Juan Cristóbal.

        Agradezco su respuesta.

        En relación a lo que indica, entiendo que todos los contribuyentes que mantengan inversiones en el exterior, en particular, sociedades en el extranjero, deben llevar el Registro de Rentas Pasivas y presentar la Declaración Jurada 1929.

        Ahora bien, la consulta presentada en blog con fecha 11 de Mayo más bien apunta a esclarecer si los contribuyentes que perciben rentas pasivas provenientes de entidades en el exterior menores de UF 2.400, deben o no preparar la Renta Líquida Imponible e informarla en Declaración Jurada 1929, considerando que el artículo 41 G letra D N°6 de la LIR, establece en el punto “Rentas que se Excluyen de la Calificación de Rentas Pasivas” que “no se deberán considerar devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 unidades de fomento en total, al término del ejercicio respectivo”.

        De la lectura del Articulo 41G y Circular 40, se desprende que la Renta Líquida Imponible debe ser preparada por aquellos contribuyentes para los cuales aplica el Articulo 41 G, esto es, para aquellos contribuyentes cuyas rentas en sociedades en el exterior sean mayores de UF 2.400, para su posterior tributación en el Formulario 22, y no en el caso de la exclusión presentada.

        A la espera de sus comentarios.

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  2. Sergio Vega-León

    Alex,
    De hecho en Perú con el régimen de declaración y repatriación de rentas no declaradas previamente (RND)actualmente vigente también surgen varias dudas técnicas que espero la SUNAT (nuestra Administración Tributaria) resuelva a tiempo. No obstante, hay un artículo en la norma reglamentaria peruana que señala que el “costo computable” de las inversiones que se declaren no podrá descontarse si se compone de RND (pertenezcan o no a periodos prescritos), lo que significa que si acojo un portafolio de inversiones que adquirí con RND y quiero declararlo, tributaré sobre el 100% de ese portafolio. Según la propia ley de repatriación, ese valor de adquisición será considerado costo computable pare el régimen general del impuesto a la renta, y con esto entiendo que se sellaría el costo hacia futuro. Espero que la Administración Tributaria también lo entienda así; de lo contrario, podríamos estar ante una futura doble imposición por rentas que inicialmente pagaron bajo el régimen de repatriación en un primer momento, y luego pagarían impuesto a la renta bajo el régimen general, en caso la SUNAT no quiera reconocer el costo. Saludos, Sergio Vega-León.

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