Juan Cristóbal Ortega en La Segunda

Nov 21, 2017 | Asesoría, Litigación y Cumplimiento Tributario, Destacados, Juan Cristóbal Ortega, Prensa

Impactados se manifestaron diversos abogados tributaristas por el tenor de un oficio emitido ayer por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a las sociedades extranjeras controladas por residentes en Chile que tengan ingresos brutos por más de 2.400 UF al año (unos US$100.000), en circunstancias que hasta ahora se entendía que sólo debían tributar las que tuvieran utilidades por sobre ese monto.

“Si tu compras acciones en US$100 y vendes en US$90, pierdes US$10, pero de acuerdo a esta interpretación debes tributar por esos US$90 que te ingresaron”, dice a modo de ejemplo Marcelo Muñoz, abogado de Lagos & Maclean. “Me sorprende en demasía, me deja pasmado”, agrega.

Su colega Juan Cristóbal Ortega, de Baraona Fischer Spiess, explica que siempre se ha entendido que el concepto de renta pasiva comprende la deducción de gastos y costos, cuestión que ignora la interpretación contenida en el oficio del SII al sólo considerar ingresos brutos.

“El SII está cambiando el claro sentido de una disposición legal en uso de sus facultades interpretativas, en circunstancias que una modificación de esta envergadura debe necesariamente efectuarse a través de una ley”, sostiene.

Según Ortega, esta interpretación significará que muchas sociedades que antes no tributaban ahora deberán hacerlo, lo que probablemente se traducirá en el rechazo masivo de declaraciones de impuestos y la posterior judicialización de los casos. Sólo a modo de referencia indica que tras la reforma tributaria de 2015 el SII recibió 7.832 declaraciones voluntarias de capitales en el exterior.

“Cambio de criterio”

El abogado Claudio Salcedo, de Salcedo y Cia., agrega que los oficios no son obligatorios para los contribuyentes, y que aquellos que tengan una interpretación contraria al criterio del SII pueden discutirla en tribunales.

“Esto es un cambio de criterio que tiene que aclararse, porque genera confusión y falta de certeza jurídica”, dice Salcedo. El jurista asegura que el espíritu de la ley es que se graven los incrementos patrimoniales, “pero al considerar los ingresos brutos no se sabe si esos incrementos son positivos o negativos”.

Salcedo inclusa plantea que con esta interpretación el SII fue “mucho más allá” del sentido de la ley, y que incluso podría estar vulnerando el principio de legalidad, “porque la ley no dice eso, dice otra cosa”.

Otros abogados expertos en materia tributaria también se manifestaron sorprendidos con el mentado oficio del SII. Gonzalo Polanco, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirma.

Señala que lo sorprendente del razonamiento del SII es que no se atiende al costo que tiene el contribuyente, y eso confunde el concepto de renta con el de ingreso, que son diferentes.

“Renta es, en esencia, un incremento patrimonial, en otras palabras: el ingreso después de deducirle los costos y los gastos”, explica.

Coincide con este criterio la abogado Trinidad Fernández, de Fuensaluda & Del Valle. “Es un oficio bien sorpresivo, a mi juicio equivocado, todo el mercado había entendido que el tope de las 2.400 UF, le cambia el sentido a la ley, no descarto que el mercado vaya a saltar”, razona.

Desde el SII pusieron paños fríos a la polémica, señalando que lo que se intenta es simplificar el cumplimiento tributario, al no exigir el cálculo de una renta líquida, que suele ser costosa para los contribuyentes en términos de los honorarios que implica la contratación de especialistas.

Artículo Original: La Segunda

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