Derechos del Contribuyente

En general, el Proyecto realiza una serie de modificaciones tendientes a otorgar mayor seguridad jurídica y amparo a los contribuyentes, frente al poder y atribuciones de fiscalización del SII. Esta serie de reformas, que agrupamos como “Derechos del Contribuyente”, incluyen:

  1. Defensoria del contribuyente
  2. Garantías del Contribuyente
  3. Prescripción
  4. Término de Giro
  5. Norma General Anti-Elusión (NGA)
  6. Silencio Positivo
  7. Crédito Fiscal IVA

Defensoría del Contribuyente

La reforma crea un nuevo organismo, denominado Defensoría de Derechos del Contribuyente (“DEDECON”), dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de velar por el respeto de los derechos del contribuyente. La DEDECON no tendrá facultades jurisdiccionales ni de representación judicial de los contribuyentes, pero tendrá un rol relevante de mediación de los conflictos que se presenten entre el SII y los contribuyentes.

El organismo podrá recibir quejas de los contribuyentes, efectuar recomendaciones, actuar como una entidad de mediación, coadyuvar a la celebración de acuerdos entre el Servicio y contribuyentes, ejercer funciones de estudio relevantes en materia tributaria, proponer modificaciones a la normativa tributaria, desarrollar labores de investigación, emitir opiniones técnicas y desarrollar reuniones periódicas con el SII.

Garantías del Contribuyente

La reforma modifica el artículo 8 bis y 8 ter del Código Tributario, como también otras normas que contemplan facultades fiscalizadoras y revisoras del Servicio, que aumentan las garantías legales de los contribuyentes frente al SII.  Estas incluyen:

  • Derecho a que se le informe la situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento;
  • Derecho a que se admita la acreditación de los actos, contratos, etc., mediante los medios probatorios que correspondan conforme al ordenamiento común;
  • Derecho a que no se le exijan requerimientos incumplibles en el caso de tratarse de actos suscritos en el exterior;
  • Derecho a obtener certificaciones de no existir gestiones pendientes; y
  • Derecho a no ser fiscalizado por las mismas partidas y periodos que ya han sido objeto de una fiscalización anterior.

Prescripción

El proyecto modifica el artículo 21 del Código Tributario, estableciendo que el Servicio no podrá exigir antecedentes otorgados con anterioridad a los plazos de prescripción  Lo anterior también se aplica para la revisión del capital propio tributario, pérdidas tributarias y el remanente de crédito fiscal de IVA.

Asimismo, el proyecto agrega que el Servicio no podrá exigir formalidades o solemnidades no contempladas por la ley para el acto, contrato u operación respectiva, brindando así una mayor seguridad jurídica al contribuyente.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá excepcionar de los plazos de prescripción cuando así se establezca mediante resolución fundada en base a los antecedentes de hecho y de derecho tenidos a la vista, presumiéndose que las pérdidas y remanente corresponden con los antecedentes informados por el contribuyente, los cuales podrán ser controvertidos por el Servicio de manera precisa y fundada.

Termino de Giro

El Proyecto modifica el artículo 69 del Código Tributario, limitando a 60 dias el plazo que tiene el SII para fiscalizar y girar diferencias en relación con las declaraciones de término de giro.

En caso que el Servicio no se pronuncie en dicho plazo, el Proyecto señala que se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, quedando inhibido el SII de realizar revisiones o fiscalizaciones posteriores, salvo que se acompañe nueva información o la entregada sea maliciosamente falsa.

Norma General Anti-Elusión (NGA)

El Proyecto mantiene la estructura de la NGA, en el sentido de que el Servicio debe necesariamente invocar la existencia de elusión (ya sea abuso de la norma jurídica o simulación), para llevar a cabo un recalificación tributaria de una operación.

Sin embargo, el proyecto modifica lo siguiente:

En primer lugar, para hacer valer la elusión, el Servicio debe seguir el procedimiento establecido en la ley. Esto es, la elusión debe ser declarada, a requerimiento del Director del Servicio, por el Tribunal Tributario y Aduanero.

En segundo lugar, se establece que en los casos que el Servicio inicie una proceso de fiscalización de acuerdo a una norma especial anti elusión, no podrá posteriormente iniciar un proceso por Norma General Anti-Elusión por los mismos actos jurídicos y contratos, y viceversa.

Por último, el proyecto modifica algunos alcances y significados de ciertos conceptos, como por ejemplo, elimina la palabra “relevante” dentro de la frase “en la medida que los actos o negocios no produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes”, agrega la frase “notoriamente artificioso” como requisito de la operación para que exista abuso, y explicita que puede configurar elusión tanto la simulación relativa como absoluta, entre otros.

La redacción de esta norma es probable que sea uno de los items que más discusión parlamentaria genere durante su tramitación.  Es muy probable que su texto final cambie significativamente respecto del Proyecto.

Silencio Positivo

El proyecto agrega un nuevo inciso dentro del artículo 10 del Código Tributario que establece que operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final.

De acuerdo a lo anterior, las presentaciones ante el Servicio que no sean resueltas dentro del plazo legal y siempre que el peticionario comunique al Servicio sobre la proximidad del vencimiento del plazo, se considerarán resueltas positivamente.

Por último, una vez que el peticionario realice dicha comunicación, el Servicio dispondrá de cinco días para pronunciarse, y si transcurrido dicho plazo no se pronunciara, operará el silencio positivo.

Crédito Fiscal IVA

El proyecto modifica el artículo 27 bis de la Ley de IVA y agrega un nuevo Párrafo 6° sobre el procedimiento general para solicitar la devolución o recuperación del IVA. De acuerdo a estas normas, se acorta el plazo de respuesta del Servicio de 60 a 5 días desde la presentación de la solicitud.

En caso de vencer el plazo de 5 días y el Servicio no se pronuncia, se entenderá aprobada la solicitud y el Servicio de Tesorería procederá a materializar la devolución con el solo mérito de la solicitud presentada por el contribuyente.