La Irrupción en el Transporte que Obliga a Cambiar la Ley

Jun 12, 2017Ultimas Noticias

Mucho se ha reclamado por taxis tradicionales de la invasión de su mercado por parte de aplicaciones como Uber y Cabify. Desde la perspectiva de la libre competencia, es la falta de actualización de la ley de transporte privado la que pone a los taxis en un cierto nivel de desventaja.

La desventaja no es absoluta en cuanto un usuario que desde su oficina pide un Uber o Cabify no es un usuario que esté en competencia con los taxis tradicionales, a menos que éstos se encuentren afiliados a una aplicación tipo Easytaxi o Safertaxi. Igualmente, una persona esperando un taxi en la Alameda no es un potencial usuario de un Uber o Cabify, incluso una micro o metro podría llegar a ser un mejor sustituto. Por tanto, no es para nada evidente que los taxis estén en competencia con estas nuevas tecnologías.

Sin embargo, es claro que aquellos que ya poseen un taxi tradicional (o que lo tenían antes de la entrada de Uber o Cabify a Chile) tienen desventajas. La más onerosa pareciera ser el precio que se paga por la transferencia del “cupo” o derecho para desempeñarse como taxi. La información pública disponible muestra que la transferencia del cupo cuesta alrededor de 10 millones de pesos, a lo cual obviamente debe sumarse el costo del auto, patente, seguros y otros.

Esos 10 millones de pesos constituyen un costo hundido y una barrera de salida muy relevante para los taxistas. No obstante, dicha barrera fue impuesta por la ley a través del cierre del Registro del Taxis el año 2005. Más aún, es posible encontrar varias iniciativas de parlamentarios que buscaban abrir el Registro de Taxis desde el año 2010. En otras palabras, esos 10 millones son el resultado de un mercado ineficiente emanado de la ley misma.

En este contexto, el ingreso de Cabify y de Uber en el mercado ha demostrado dicha ineficiencia precisamente por el éxito de estas empresas. Asimismo, si efectivamente hay competencia entre taxis tradicionales y Uber y Cabify es esperable que los derechos por los cupos de taxis tradicionales bajen su precios, pero no existe evidencia de que esto haya ocurrido (o no haya ocurrido).

El clamor de los taxistas debe dirigirse a los legisladores para que ellos puedan prestar el servicio en iguales condiciones que Cabify y Uber, pero utilizando el estándar de éstas últimas dos empresas y no de los taxis tradicionales. Después de todo, los beneficios al consumidor de estas nuevas opciones son evidentes: conocer tarifas de antemano, saber hora y lugar de llegada y utilización de tarjetas de pago. Y si bien el derecho de la competencia no es lo mismo que el derecho del cosumidor, al menos éstos son primos hermanos.

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